En asociación con empresas de otros países, el gobierno venezolano explota el Arco Minero del Orinoco, una vasta región rica en minerales. Las graves consecuencias sociales y ambientales de estas actividades han pasado mayormente desapercibidas.

La devastación de Venezuela es también ecológica. El régimen de Nicolás Maduro, siguiendo los pasos de su predecesor Hugo Chávez, quien ya lo había anunciado en 2011, abrió las compuertas al apocalipsis ambiental cuando puso en marcha en 2016 el llamado Arco Minero del Orinoco: una vasta extensión de 111 mil 846 kilómetros cuadrados, lo que equivale al 12,2 % del territorio venezolano, que atraviesa selvas del sur como la sierra de Imataca, La Paragua y El Caura y las cuencas de los ríos Orinoco y Caroní, todos sistemas ecológicos frágiles, habitados por comunidades indígenas. 

La voracidad del gobierno chavista, escaso de divisas petroleras debido a su propia incapacidad y corrupción en el manejo de PDVSA, ha hecho que Maduro y sus cómplices se vuelquen hacia la explotación de recursos mineros. El Arco cuenta con grandes reservas de coltán (mineral codiciado por la industria de la electrónica), bauxita, diamantes y oro que algunos cálculos valoran en unos 2 trillones de dólares. Bajo un esquema de asociaciones estratégicas, el gobierno venezolano ha dado concesiones de explotación minera a diversas empresas chinas, rusas, canadienses, surafricanas, australianas y de otros países. Una de las empresas concesionarias es la llamada Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la porción del “pastel” que le ha tocado a la casta militar, soporte principal del régimen.  

Con esta empresa se busca darle legitimidad a la explotación por parte de los militares de los recursos del Arco Minero, lo que ya venían haciendo miembros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) desde hace varios años de forma ilegal por medio del contrabando de oro y diamantes, el cobro de la llamada “vacuna” a los mineros artesanales, y la complicidad con fuerzas irregulares como el Ejército de Liberación de Colombia (ELN) y grupos criminales que operan en el sur de Venezuela. 

Las comunidades de pueblos indígenas han sido una de las principales víctimas de la participación militar en las regiones mineras. Esto ha resultado en enfrentamientos con fuerzas militares, en crímenes contra representantes de esos pueblos, y en una red de manejos oscuros de un negocio que pudre el tejido social, sanitario y moral de esas regiones. En un extenso y muy documentado reportaje, el periodista Edgar López relata los horrores asociados con la exploración del Arco Minero, un cóctel destructor que mezcla “crimen, corrupción y cianuro”.

La migración de personas hacia las zonas selváticas para trabajar en la minería es una de las razones (no la única) que explican un incremento de los casos de malaria en Venezuela. Estos movimientos de población hacia los campos mineros también han resultado en un incremento de la prostitución, el tráfico de seres humanos (especialmente en tiempos de crisis humanitaria), y la explotación de los trabajadores. Todo esto en un país donde no existe el Estado de derecho, y el sistema judicial y de protección de los derechos humanos, incluyendo a la Fiscalía de la República y el Defensor del Pueblo (ombudsman), están al servicio del régimen de Maduro.