A los migrantes les hicieron firmar una declaración jurada en la que además piden su renuncia a toda solicitud de residencia o de refugio, o al estatus de refugiado en caso de que lo posea.

Unos 300 colombianos varados en Chile por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2 a la espera de ser repatriados en un vuelo dispuesto por el gobierno de Chile tuvieron que firmar a cambio una declaración jurada que les prohíbe regresar al país durante nueve años, lo que generó una fuerte polémica.

El documento también pide su renuncia a toda solicitud de residencia o de refugio, o al estatus de refugiado en caso de que lo posea, denunciaron asociaciones de inmigrantes.

Cerca de 350 colombianos que llevan un mes acampando delante del Consulado General de su país en Santiago de Chile y unos 50 ecuatorianos ya habrían suscrito las condiciones del gobierno de Chile, que se prevé que financie su vuelo de retorno, según la Coordinadora Nacional de Inmigrantes.

«Ellos saben lo que significa, pero están sin trabajo ni lugar donde vivir y quieren volver a su país sí o sí. Son conscientes de que les están haciendo chantaje, pero es lo que hay», dijo a Efe el presidente de la asociación, Héctor Pujols.

Algunos de los inmigrantes varados se quedaron sin poder retornar a su país tras la cancelación de sus viajes por la pandemia del coronavirus, mientras que otros se vieron afectados por el cierre de fronteras de ambos países latinoamericanos.

«Se dice que es voluntario, pero cuando una persona perdió su trabajo, su casa, incluso el apoyo de su propio país, la verdad es que no hay libertad para firmar; no tienen otra opción», opinó el director del Servicio Jesuita a Migrantes, José Tomás Vicuña

La Coordinadora Nacional de Inmigrantes presentó un recurso de amparo a la Corte de Apelaciones de Santiago, que al ser admitida a trámite dejó este miércoles sin efectos el compromiso de no reingresar a Chile en los próximos nueve años.

«Es difícil que sea definitivo, pero en términos políticos es un golpe duro», valoró Pujols, su director.

La declaración jurada y las condiciones que contiene se enmarcan en el «Plan Humanitario de Regreso Ordenado» aprobado por el gobierno de Sebastián Piñera en 2018 y dirigido principalmente a la comunidad haitiana en Chile que por problemas con el idioma, por las dificultades para encontrar empleo o viviendas adecuadas, o por otros motivos quisieran regresar a su país.