Esta semana tendrá lugar en Londres la octava ronda de negociaciones entre británicos y europeos en busca del célebre tratado de libre comercio que debía regir su futura relación económica a partir del primero de enero.

El Ejecutivo de Boris Johnson presentó este miércoles un proyecto de ley que modifica parte de sus compromisos bajo el acuerdo de Brexit, en admitida violación del derecho internacional, y tensa aún más las negociaciones comerciales con la Unión Europea en un momento crítico.

Esta semana tiene lugar en Londres la octava ronda de negociaciones entre británicos y europeos en busca del célebre tratado de libre comercio que debía regir su futura relación económica a partir del 1 de enero, cuando termine el periodo de transición posbrexit.

Pero las negociaciones están estancadas desde hace meses y el tiempo apremia: para poder ratificarlo a tiempo ambas partes coinciden en que esta complicada partida de ajedrez debería estar cerrada en octubre.

En este contexto, Londres ha dado un puntapié al tablero amenazando con retirarse si no hay avances, lo que implicaría una salida brusca del bloque a final de año, en previsión de lo cual presentó este miércoles un “proyecto de ley del mercado interno” que, entre otras cosas, pretende modificar la aplicación de tarifas y controles aduaneros para la provincia británica de Irlanda del Norte previstos en el acuerdo de Brexit.

“Esta ley es para proteger los empleos, el crecimiento y garantizar la fluidez del comercio en todo el Reino Unido al asegurar la integridad del mercado interno”, defendió Johnson ante la Cámara de los Comunes antes de la presentación del texto.

Por el Tratado de Retirada si no hay acuerdo comercial entre Londres y Bruselas los productos que pasasen a partir de 2021 de Gran Bretaña a Irlanda del Norte podrían ser sometidos a aranceles y las empresas de la provincia tendrían que rellenar declaraciones de aduanas para vender al resto del Reino Unido.

Se trata de un acuerdo internacional legalmente vinculante, en vigor desde el 31 de enero, y modificar sus disposiciones “viola el derecho internacional” aunque de “una manera específica y limitada”, reconoció el martes el ministro para Irlanda del Norte, Lewis Brandon.

Indignados, los responsables europeos advirtieron que respetar lo firmado es una condición indispensable para avanzar en la actual negociación y el vicepresidente de la UE, Maros Sefcovic, afirmó que pedirá lo antes posible una reunión con representantes británicos para que ofrezcan detalles y respondan a nuestras vivas inquietudes sobre este proyecto de ley.

La negociaciones comerciales solo pueden tener lugar si existe una confianza mutua, afirmó el miércoles el primer ministro de Irlanda, Micheal Martin, subrayando que la acción unilateral de una de las partes rompe esa confianza.

Y su vice primer ministro Leo Varadkar comparó la maniobra británica con un acto “kamikaze”, que se volvió en su contra por las críticas que provocó.

Varios diputados del Partido Conservador de Johnson, entre ellos la ex primera ministra Theresa May, expresaron su preocupación por el daño que esta violación del derecho internacional puede provocar a la reputación del Reino Unido.